Pidieron la excarcelación del gremialista, pero los familiares de la víctima lanzan fuertes denuncias. José Pedraza, el poderoso líder de la Unión Ferroviaria, preso por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, pidió ayer a la Justicia su liberación por entender que las pruebas en su contra son afimaciones "dogmáticas sin sustento", según dijeron sus abogados. Sin embargo, los familiares de la víctima y la fiscalía rebatieron los argumentos del gremialista y afirmaron que es necesario que se confirme el procesamiento en la Cámara de Pedraza, por el que está preso. El cruce se dio ayer en una audiencia judicial protagonizada por los abogados de la partes, realizada ante tres jueces de la Cámara del Crimen que en 5 días hábiles deben decidir sobre el futuro del líder ferroviario. En la puerta del edificio judicial, ferroviarios y militantes del PO se manifestaron con bombos. El momento más revelador de la larga exposición de cuatro horas fue cuando la abogada del Partido Obrero, Claudia Ferrero, relató que en una de las escuchas telefónicas de la causa aparece hablando el ministro de Trabajo Carlos Tomada con el mismo Pedraza. En esa conversación, de acuerdo con lo que explicó la letrada Tomada le decía al gremialista que no se preocupara por el ingreso de trabajadores tercerizados a la empresa ferroviaria porque no todos eran de izquierda. "Se podía trabajar políticamente", habría dicho Tomada, según la abogada. La letrada del PO puso esta escucha como ejemplo para mostrar que Pedraza instigó el ataque a Ferreyra y los tercerizados porque su ingreso al sindicato ponía en peligro su poder político en el gremio. El otro argumento por el que fue procesado versó sobre el riesgo que corría su poder económico. Carlos Froment, abogado de Pedraza, insistió en que no había vínculos entre el gremialista y las cooperativas de trabajo que reúnen a los tercerizados; incluso señaló que el sueldo que perciben esos trabajadores es cercano al que reciben los afiliados y que algunos de ellos están enrolados en la Unión Ferroviaria. Pero los abogados y el fiscal Mariano Fiszer objetaron estas explicaciones con argumentos no exentos de ironía, en algunos casos. María del Carmen Verdú, otra de las querellantes, dijo que por más que los tercerizados fueran 1500 podían hacer peligrar la hegemonía de Pedraza, dada la burocracia de esas organizaciones. Pedraza dijo que no había pruebas directas de que hubiera instigado el crimen y desecharon como evidencia las numerosas llamadas entre Pablo Díaz, sindicalista preso, y Juan Carlos Fernández, el segundo de Pedraza, que se comunicaron mientras se sucedían los enfrentamientos ocurridos en Barracas que terminaron con la muerte de Ferreyra. Los abogados insistieron en que hubo llamadas porque Pedraza estaba con Fernández y bien pudo darle instrucciones. Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, indicó que era importante el momento en que se habían realizado esas llamadas. Froment objetó que participara de la audiencia el fiscal Fiszer, al entender que debía hacerlo el fiscal de Cámara, pero el funcionario argumentó que lo reemplazaba. El fiscal, en una vehemente exposición, señaló el interés de Pedraza en mantener su control sobre el sindicato y afirmó que esta era una etapa en que se discutía el procesamiento, por lo que no era necesaria la certeza que se debe tener a la hora de analizar si corresponde una condena o una absolución.
Fuente: La Nacion
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