Designó a un ex directivo de Ferrocarriles Argentinos; un chofer admitió anomalías en el convoy. Un día después de que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, culpara al ente estatal bonaerense Ferrobaires del trágico choque de trenes, en San Miguel, el gobierno provincial dispuso intervenir la empresa. Así lo anunció el jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, de quien depende la Agencia de Transporte provincial. El interventor elegido es el ingeniero Antonio Maltana, un ex directivo de Ferrocarriles Argentinos. En tanto, uno de los maquinistas del tren de Ferrobaires, que impactó una formación del San Martín, accidente en el que murieron cuatro personas y en el que hubo varios heridos, reconoció ante la Justicia que, por las condiciones en las que circulaba el convoy, no podía frenarlo en un caso de emergencia. Por este testimonio, el fiscal de la causa, Paul Stark, afirmó que pedirá que el delito por el que se investiga a los dos choferes no sea homicidio culposo sino doloso. Anoche, después de ocho horas de indagatoria, los conductores quedaron libres. Ayer, el juez que investiga el accidente mortal, Juan Manuel Yalj, recibió un informe que revela que la situación en Ferrobaires es "caótica": los servicios son deficitarios, hay trenes en pésimas condiciones y desmantelamiento de vías y maquinarias. Desde Sierra de los Padres, donde participó del congreso provincial del PJ, Pérez explicó que decidió la intervención de Ferrobaires por una instrucción expresa del gobernador Scioli. El ente, que transporta 1.500.000 de pasajeros a destinos como Mar del Plata, Pinamar, Bahía Blanca, Junín, Bragado o Bolívar, era presidido por Eduardo Gnarini. "Nos interesa conocer todo lo que pasó. Maltana tiene capacidad y creemos que es la persona adecuada para el cargo", afirmó el jefe de gabinete. Luego de su pasado en Ferrocarriles Argentinos, el ingeniero trabajaba en los últimos tiempos como asesor del Ministerio de Trabajo bonaerense. Luego del accidente en San Miguel, tanto los miembros de La Fraternidad como el juez Yalj advirtieron sobre las condiciones de seguridad irregulares de la formación de la empresa provincial, y De Vido señaló la "gran irresponsabilidad" de la empresa Ferrobaires en despachar el tren en ese estado. "Buscamos tener el control estricto de los servicios tal cual demanda la ciudadanía", señaló Pérez. Críticas exageradas. Aunque no lo dijeron públicamente, en el gobierno provincial creen que De Vido exageró las críticas y que éstas fueron injustificadas. También se confió que se realizará una auditoría para poder aportar más datos a la Justicia sobre el accidente y que se hará un exhaustivo control, tanto administrativo como operativo. El 15 de enero de 1993, el gobierno bonaerense creó la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Uepfp), que lleva el nombre comercial de Ferrobaires. En febrero de 2007, tras meses de negociaciones entre la provincia y el gobierno nacional, se firmó un convenio que estableció la transferencia de los servicios concesionados a la órbita nacional. Se creó la Unidad de Gestión Operativa y una Unidad Operativa de Transferencia destinada a efectuar "inventarios, estados patrimoniales, programas de mantenimiento y relevamiento de personal" en un plazo de 180 días prorrogable. Existía el compromiso de mantener operativos todos los corredores y garantizar la estabilidad laboral de los empleados. Pero el proceso nunca se completó; ni siquiera se realizó el inventario. La Uepfp posee un presupuesto para este año de 249.708.900 pesos. El dinero destinado por la Gobernación durante el mandato de Scioli creció más de cinco veces respecto de los $ 46.236.300 previstos para 2008, al comenzar la gestión. La mayor parte de los fondos se usa para el pago de salarios, combustible y recuperación de material y equipamiento ferroviario. Extraoficialmente trascendió que la empresa cuenta con unas 16 locomotoras en funcionamiento y 22 fuera de servicio; 128 vagones en uso y 24 en reparación, y unos 1000 kilómetros de vías a su cargo. Si bien en los papeles la firma posee unos 2000 agentes, hay denuncias, nunca comprobadas, sobre la existencia de contratos basura. El presidente del radicalismo bonaerense, Miguel Bazze, cuestionó la intervención. "El gobernador llega al colmo del cinismo e interviene una empresa del mismo Estado provincial que no realizó el mantenimiento de las locomotoras. Sigue llegando detrás de todos los hechos lamentables, sea este accidente, el gatillo fácil o la inseguridad, en lugar de prevenirlos", comentó. Los senadores provinciales de GEN Luis Malagamba y Andrés Antedoménico presentaron un pedido de informes para reclamar un balance del estado de las locomotoras, los coches, las vías y toda la infraestructura necesaria para el servicio.
Fuente : La Nacion
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