Organizaciones defensoras del ambiente denuncian que en la Línea Roca desmalezan las vías con un peligroso agrotóxico llamado 'glifosato'. Funcionarios del Estado nacional negaron peligros para la salud humana. Esta semana se aprobaría una ordenanza en Lomas de Zamora que contempla soluciones para los efectos de ese veneno usado por la actividad sojera en todo el país. Se plantea un problema de jurisdicciones porque las instalaciones ferroviarias son de competencia federal. Desde 2008 se usa el glifosato en las vías. En otros municipios ya está prohíbido su uso. Las flores campanillas alrededor de la estación Hospital Español de la Línea Roca ya no crecen más. Tampoco el pasto. Y de una cuadra a otra se distingue el efecto del glifosato, un agroquímico que mata lo que está a su paso. Ante esta situación, organizaciones sociales y ambientales lomenses impulsaron un proyecto para prohibir en el distrito la contaminación con ese tóxico, que causa enfermedades graves, y que le impida a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe) usarlo en los rieles. La ordenanza sería aprobada por el Concejo Deliberante lomense este miércoles y modificaría el esquema de trabajo de las cuadrillas del ferrocarril que actúan con autorización del Senasa, el organismo encargado de la sanidad animal. Los indicios del uso de glifosato en la Línea General Roca comenzaron en 2008 cuando un grupo de vecinos notó que de un día para otro el pasto estaba seco. “Nos dimos cuenta que podría ser ese agroquímico, pero no lo podíamos comprobar hasta que un día cuando estaban rociando el producto un obrero lo confirmó”, contó a AUNO Osvaldo Portas, un vecino de Temperley. En ese momento, comenzaron las denuncias y se armó el proyecto que se trataría esta semana en el Concejo Deliberante lomense. Los reclamos no son aislados. Tal como otras organizaciones de localidades bonaerenses, la Asamblea Finky Verde, el Foro Hídrico de Lomas de Zamora, la Asamblea de Turdera y Vecinos en Defensa de Santa Catalina exigen que no se contamine con ese herbicida o derivados ya sea por aplicación directa o indirecta por fumigación o vuelco a través del aire, agua o tierra en el distrito. Funcionarios del Ugofe aseguraron a esta agencia que no hay prohibición para la utilización del producto y enfatizaron que están autorizados por el Senasa, organismo que regula las políticas nacionales en materia de sanidad y medio ambiente. Sin embargo, miembros de las organizaciones ambientales advirtieron que el glifosato provoca “cáncer, malformaciones y abortos”. Ocurre que los mayores riesgos son daños genéticos, trastornos reproductivos, toxicidad subaguda y crónica, efectos cancerígenos y contaminación de alimentos, precisa un informe del Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (Foco). El efecto del glifosato es a “largo plazo -explicó Alejandro Almeida, miembro de Finky Verde-, actúa por contacto directo y también se propaga por el agua, tierra y aire”. Entonces, la fumigación se produce en las vías del tren, pero las consecuencias se generarían en otro espacio. Es que las partículas contaminantes pueden desplazarse a través del viento “hasta 800 metros de su lugar de aplicación”, explicaron, por lo que el espectro de la contaminación podría alcanzar a los vecinos de unas ocho cuadras desde las vías del tren. Qué dice el Estado. A simple vista, se observa el efecto en los jardines de las casas y en los espacios verdes cercanos. Y si bien aún no pueden constatar las consecuencias en la salud porque no tienen los medios para realizar una investigación, detectaron un caso de malformación del embrión: una vecina embarazada de su tercer hijo que vive en una zona cercana al ferrocarril. “No podemos demostrar que haya sido por los efectos de la fumigación. Pero su doctora dijo que era muy raro, porque sus otros hijos no tuvieron ningún problema”, manifestó Portas. La médica señaló que la malformación podía ser efecto de algún producto químico que se haya rociado en la cercanía de su vivienda, dentro de las primeras semanas de gestación, que coincide con una fumigación registrada por los vecinos. La problemática se reproduce también en otros barrios cercanos al ferrocarril, como en la localidad de Glew, donde cada vez que se realiza la aplicación del producto los vecinos tienen que cerrar las ventanas, porque empezaron a tener problemas respiratorios. Sus denuncias también contemplan la salud de los trabajadores encargados de rociar la sustancia. “Están con ropa de calle con un barbijo común. La vida de los que fumigan está en riesgo y las de sus familias también, porque lavan su vestimenta con la ropa de sus hijos”, afirmó Almeida. Los vecinos contaron que los obreros están inmersos en una “nube de veneno” cuando realizan las fumigaciones. Sin embargo, Eduardo Montenegro, gerente de relaciones institucionales de la Ugofe, aseguró a AUNO que la aplicación la realizan “mediante riego que evita que se dispersen las partículas. Es un bombeo por el cual la sustancia sale a baja distancia, se realiza en horarios donde la afluencia de pasajeros es mínima y con condiciones climáticas adecuadas” y ello se realiza según las recomendaciones de la Comisión Nacional del Transporte, que regula también la actividad ferroviaria. La administradora precisa que las cuadrillas de mantenimiento utilizan dos tipos de mecanismos: el agroquímico y el desmalezado de forma manual. Las empresas tercerizadas realizan las aplicaciones “hasta una distancia máxima 1,5 metros del eje de vía y el resto se corta manualmente", explicó Montenegro. Ese método no cambia la postura de las asambleas: la utilización del glifosato en los rieles provoca la contaminación del área urbana. Otro de los puntos centrales del reclamo hace hincapié en la Ley de Agroquímicos 10.699, que señala que está prohibido el transporta de agrotóxicos sin la Receta Agronómica Obligatoria y sin un permiso municipal. Entonces, las organizaciones pedirán la aplicación de esa normativa a las empresas mercerizadas encargadas de las fumigaciones. A pesar de las denuncias y los reclamos sobre el producto, la Ugofe continuará usando el glifosato porque no existe ninguna “prohibición” por parte de un organismo nacional, y sólo adoptaría otro método si el gobierno nacional lo dispone. Es allí en donde los vecinos encuentran como explicación la razón económica. Fumigar con glifosato “reduce a un tercio los costos de mantenimiento” del entorno de las vías ferroviarias, precisaron. La legislación. Entonces, la solución a lo que se reclama sobrevendría con una ordenanza que presentaron en octubre del año pasado a los presidentes de bloque del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. La iniciativa busca proteger la salud humana y el medio ambiente de la contaminación con glifosato, tal como se aprobó en los municipios bonaerenses de Vicente López, Morón y San Isidro. En ese aspecto, es clave la jurisdicción del terreno: las vías del ferrocarril son federales y no se rigen por sanciones municipales. Pero como las consecuencias se presentan fuera de los límites federales de las vías, el proyecto busca sancionar las consecuencias y no las acciones. Y allí se encuentra un vacío legal para penalizar los delitos sobre el medio ambiente. Hay un sistema de multas sobre la base de un sueldo municipal, que sanciona por la acción. Los vecinos piden que haya una sanción por metro cuadrado de terreno contaminado. “Se puede multar que una empresa contamine, pero cómo, dónde y su alcance, tiene un vacío legal”, explicó Almeida. Las asambleas vecinales cuentan con el apoyo del presidente del Concejo, Santiago Carasatorre. El edil aseguró que la iniciativa tendrá "el respaldo y apoyo político" del oficialismo en el recinto. Los bloques opositores también darían el visto bueno al proyecto. El reclamo ambiental, por otra parte, encuentra sustento en el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece que todos los habitantes “gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Por lo cual, cualquier actividad productiva que ponga en peligro la salud de las personas está penalizada. También se basan en un principio precautorio de la Ley General del Ambiente 25.675. En su artículo cuarto, se señala que cuando haya “peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. Estas normas se suman a las investigaciones de científicos independientes y de organizaciones ambientales que cuestionan las consecuencias del glifosato sobre la salud, porque genera graves riesgos en el organismo y el ambiente. Pero las empresas lo pueden utilizar porque el SENASA lo considera ‘levemente tóxico’ cuando en los países del primer mundo es un agroquímico altamente dañino. Hay versiones opuestas y restan todavía definiciones para los reclamos de los vecinos de Lomas. Campaña nacional contra el uso de agrotóxicos. Hace cinco años buscan poner freno a la utilización de agroquímicos en la Argentina. Es un proyecto impulsado por asambleas vecinales y organizaciones en defensa del medio ambiente de diferentes partes del país a través de la campaña nacional “Paren de fumigar” contra el uso de agrotóxicos en zonas cercanas a las poblaciones urbanas. La iniciativa es impulsada por el Grupo de Reflexión Rural (GRR) que recopila testimonios y datos que evidencien los efectos negativos para el medio ambiente y la salud que produce la aplicación de productos como el glifosato, agrotóxico pilar de la actividad sojera argentina. La campaña nació en 2005 en respaldo al reclamo del barrio cordobés Ituzaingó Anexo afectado por el uso indiscriminado de agrotóxicos y donde “existen más de 200 casos de cáncer, en una población de no más de cinco mil habitantes”, de acuerdo a un informe del año pasado presentado por GRR. Los vecinos que denuncian la utilización de glifosato en las vías del ferrocarril General Roca no se sorprenden de las estadísticas de las enfermedades detectadas por las investigaciones de GRR. “No es casual que la mayoría de las denuncias sean de las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Son las principales áreas productoras de soja transgénica, cultivo que ha provocado un aumento exponencial en el uso masivo de agrotóxicos”, aseguró Alejandro Almeida, miembro de la Asamblea Finky Verde. Luego de 10 años de denuncias, la Justicia de Córdoba limitó el uso de agroquímicos en sectores productivos colindantes con centros poblados. En Ituzaingó, un fallo judicial dictaminó que toda fumigación aérea se realice a más de 1.500 metros de las viviendas de la comunidad. También se sancionó la Ley de Fitosanitarios 11.273, de la provincia de Santa Fe, que prohíbe las pulverizaciones con agrotóxicos dentro de los límites de las zonas urbanas. En las zonas rurales, las fumigaciones con herbicidas y pesticidas son terrestres y aéreas lo que conlleva un gran peligro para la salud de las personas que viven allí. Pero la Argentina posee más de 18 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica y consume entre 180 y 200 millones de litros de glifosato por año, de acuerdo a datos suministrados por GRR. La fuerte correlación entre los casos de cáncer, leucemia, y otras graves afecciones que padecen los pueblos sojeros, y las consecuencias sobre la salud del herbicida se comprobaron con un informe de la Universidad Nacional de Rosario, el INTA y la Federación Agraria Argentina, entre otras organizaciones. Se confirmó la toxicidad del glifosato. Pero aún falta que el Senasa cambie la rotulación del producto, que hoy es considerado “levemente tóxico”. Otros casos. Un grupo de vecinos de Vicente López notó cambios en las plantas de sus casas cercanas al ferrocarril y en el paisaje del barrio. Todo se secaba. Incluso dos ombúes con más de ciento cincuenta años no resistieron. La causa: el glifosato utilizado por la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) en las vías del tren para erradicar malezas y alimañas. Luego de varios años de denuncias, los vecinos nucleados en asambleas barriales lograron la aprobación de una ordenanza. El Concejo Deliberante local sancionó una normativa que prohíbe la aplicación de agroquímicos para la eliminación de pastizales en el municipio. La norma rige para terrenos públicos o privados nacionales, provinciales o municipales, y contempla a los predios privados de uso o acceso público. Pero las fumigaciones podrían volver. Es que las vías del ferrocarril son de jurisdicción federal y la ordenanza pierde efecto más allá de los límites municipales. Entonces, ambientalistas impulsan una legislación para todo el territorio bonaerense y que pueda aplicarse luego en los municipios. En La Plata, vecinos de la zona del Parque Pereyra y Villa Elisa denunciaron que están utilizando glifosato para matar malezas en las estaciones de trenes de la Línea Roca, administrada desde mediados de 2007 por la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que posee autorización del SENASA para usar ese producto. Las denuncias se repiten en diferentes localidades atravesadas por los ramales de esa Línea. Los reclamos de los vecinos platenses también se escuchan en Lanús, donde organizaciones sociales y en defensa del medio ambiente denunciaron la aplicación de ese herbicida en los rieles. El Concejo local aprobó el año pasado una ordenanza para prohibir la utilización de agroquímicos en el distrito, una norma similar a la que quieren impulsar los vecinos de Lomas de Zamora.
Fuente : UNO.org.ar
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