Corrupcion en Ferrobaires...

En momentos en que todo el sistema ferroviario está en discusión, con la inminencia de la tragedia de Once, que desnudó la compleja trama de corrupción y desidia del Estado nacional ante el déficit de infraestructura del transporte público, los cuestionamientos se posaron ahora sobre Ferrobaires, la empresa del gobierno provincial. El Frente Amplio Progresista (FAP) difundió un extenso informe de la Comisión Nacional “Salvemos al Tren”, que echa luz sobre los hechos de corrupción que signaron a la empresa desde sus inicios, y que la administración de Daniel Scioli no parece dispuesta a revertir. Una larga historia de irregularidades, explotación laboral, “ñoquis” y corrupción. La Comisión denuncia que la mayor parte de los gremios de la actividad fue “cómplice” de esta situación, que viene desde la privatización de los ’90, cuando se pretendía “mostrar las ventajas de la privatización frente a la empresa estatal”. La Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) era la empresa que menores sueldos pagaba entre todas las empresas ferroviarias. Además, “durante los primeros años de su gestión mantuvo a su personal en una situación de indefinición jurídica en la que no eran ni contratados ni empleados, y ni siquiera se pagaban las cargas sociales”. Esta situación derivó luego en un periodo donde la mayor parte del personal mantenía un vínculo con la empresa a través de “contratos basura” que se renovaban o no según criterios “puramente arbitrarios y políticos”. Siempre de acuerdo al informe, Ferrocarriles Argentinos transfirió en el año 92 solamente 715 agentes. Si bien es cierto que Ferrobaires sumó para sí actividades que antes eran comunes a Ferrocarriles Argentinos y que la cantidad de agentes que incorporó de la antigua empresa estatal eran insuficientes para la función que se había auto impuesto la Provincia, la evolución de servicios no se condice con el número de agentes que incorporó.

Historia. Ferrobaires comenzó a funcionar el 15 de enero de 1993 y, desde esa fecha, ha tenido una lenta y pertinaz “descapitalización”. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno, sostiene la comisión, Ferrobaires recibió casi 1000 vehículos en el acto de su fundación y que luego recibió por lo menos 40 vehículos más entre coches motores españoles, coches literas, locomotoras etc., y hoy el parque activo de la empresa difícilmente pase de 50 unidades. De las 84 locomotoras recibidas hoy solo se dispone de 18, lo cual otorga una idea cabal del tamaño de la destrucción. La cifra de 1299 trabajadores se mantuvo durante cinco años hasta que en el año 2007 (año electoral) el gobierno de Felipe Solá incorpora a la empresa 600 nuevos trabajadores (301 directamente a la planta permanente y 299 a la planta temporaria de la empresa), elevando el plantel de 1.299 a 1.899. “Esta mecánica de engordar las plantillas de personal en años electorales se repite en el año 2013 ya que el gobierno de Daniel Scioli incorpora a la planta permanente a 800 nuevos empleados, elevando la planta permanente de 1.600 a 2.400 trabajadores, a lo que se suman otros 299 de la planta temporaria, aumentando el plantel de trabajadores de Ferrobaires de 1.899 a 2.699”, dice el documento de “Salvemos al Tren”. O sea, la empresa fue utilizada como una plataforma con fines políticos. Y agrega: “Otra curiosidad en el manejo de personal de Ferrobaires es que en un contexto en donde existe gran déficit en el mantenimiento de las vías, las cuadrillas cedan personal de vía y obra a sectores no involucrados directamente en el trabajo de conservación y reparación, como son los sectores administrativo y comercial. El personal que escasea para reparar y mantener las vías, sobra en las oficinas comerciales de Ferrobaires en Constitución”. En noviembre del año 2011, una investigación periodística del programa “Telenoche Investiga” llamada “Ferrochorros” denuncio que en la empresa existían decenas de “trabajadores fantasma” o “ñoquis”, personas adscriptas a la nomina de personal de Ferrobaires pero que no realizaban ninguna tarea concreta en la empresa ni asistían a la misma. Esta modalidad delictiva en perjuicio de la administración pública provincial era implementada y dirigida por personal del sindicato Unión Ferroviaria, hoy con sus autoridades enjuiciadas por el asesinato de Mariano Ferreyra. En esa oportunidad se denunció específicamente a Humberto Martínez, secretario general adjunto Seccional Buenos Aires Sur. Otra modalidad detectada era la de personal contratado que cobraba en mano sueldos inferiores a los reales, siendo la diferencia entre uno y otro una exacción por parte del mencionado Martínez. Otra modalidad era contratar en negro personal que años después se enteraba que había tenido a su nombre un trabajo en Ferrobaires con altísimos sueldos. Uno de los trabajadores damnificados por esta estafa, Carlos Balduzzi, señaló a Clarín que Martínez posee más de 100 tarjetas de débito de supuestos empleados de Ferrobaires a los que les viene cobrando los sueldos hace varios años. Solo en el caso de Balduzzi, entre 2005 - 2009 Martínez habría cobrado en su nombre $ 186.675. El caso está actualmente en la Justicia. Ante estos hechos, sostiene la comisión, corresponde preguntarse: “¿Cuántos de los actuales empleados que integran la nomina laboral de Ferrobaires efectivamente trabajan? ¿Cuántos “empleados fantasma” continúan integrando las nominas? ¿Será esta una de las causas por las cuales a Ferrobaires “no hay presupuesto que le sirva o le alcance” y todo el dinero parezca caer en un pozo sin fondo, en vista a la pésima calidad del servicio? Y más aún, ¿actuará el gobernador Scioli o hará la vista gorda en este año electoral?

Fuente : Agencia NOVA