El Gobierno aún no aprobó el régimen de penalidades para sancionar a la UGOFE. A pocos días de que se conozcan los resultados de las pericias técnicas de la tragedia de Once, la administración kirchnerista sigue sin cumplir con una medida clave ligada al control y la seguridad de los ferrocarriles de pasajeros que fueron restatizados desde 2004 a la fecha. El Gobierno acumula casi ocho años sin aprobar el régimen específico de penalidades que establecen las normas para poder sancionar los incumplimientos y las deficiencias en los servicios que utilizan los usuarios de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur. A la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) que tiene a su cargo el manejo de los trenes de las tres líneas que retornaron al Estado, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no les puede aplicar ninguna clase de multas, ni de penalidades económicas porque aún no está vigente el esquema sancionatorio previsto desde 2004. Ese año, tras rescindirle la concesión de la línea San Martín al grupo Taselli, el Gobierno de Néstor Kirchner decidió otorgarle la operación de los servicios a la UGOFE, la sociedad compuesta por los tres concesionarios ferroviarios privados que quedaron en pie: Metrovías, TBA y Ferrovías. En ese momento, se suscribió un acta-acuerdo de gerenciamiento que delegó en la Secretaría de Transporte la creación de un régimen específico para sancionar las faltas e incumplimientos de la UGOFE en materia de servicios, limpieza, mantenimiento, estaciones, seguridad y obras. Sin haber cumplido con esa tarea, en 2007 el Gobierno reestatiza los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur y vuelve a cederle la operación de los servicios a la UGOFE. Si bien actualmente los inspectores del organismo regulador controlan e inspeccionan los servicios de la UGOFE de la misma manera que lo hacen con los trenes de los otros operadores privados; esos relevamientos terminan siendo meramente testimoniales porque no derivan en multas, ni en sanciones económicas y contractuales. Esto se refleja en el informe oficial de la CNRT sobre las penalidades aplicadas en 2011 a los concesionarios metropolitanos. El total de multas llegó a $ 21,8 millones y correspondieron sólo a TBA ($ 16,3 millones), Metrovías ( $ 4,9 millones) y Ferrovías ($ 528.300). La ausencia del régimen sancionatorio –incumplimiento que arrastran las gestiones de Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y del actual secretario de Transport, Alejandro Ramos– plantea una curiosa situación. Mientras TBA, Metrovías y Ferrovías pueden llegar a perder sus concesiones de los subtes y de las líneas Mitre, Sarmiento, Belgrano Norte y Urquiza por la acumulación de multas; la UGOFE –que integran esas mismas empresas– está prácticamente exenta de sufrir la penalidad máxima de rescisión contractual de los servicios de las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur.
Fuente : Clarin
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