Las concesionarias de trenes alertan por posibles problemas de seguridad. La nueva política de seguridad que implementó el Gobierno para la región metropolitana va camino a ser un otro típico caso de la “frazada corta”. Para completar la dotación de efectivos enviados al Gran Buenos Aires desde el 1° de enero, las autoridades nacionales decidieron trasladar a todos los gendarmes que estaban afectados al control y custodia de los trenes y estaciones ferroviarias. Desde hace más de un mes, el sistema ferroviario se quedó sin la asistencia del personal de Gendarmería que estaba afectado a todas las líneas metropolitanas desde marzo de 2003. Los casi 1.000 efectivos de Gendarmería que prestaban servicios de seguridad en las formaciones y sitios claves de la red ferroviaria fueron transferidos por el Gobierno al denominado “Operativo Centinela” con el cual la Nación pasó a reforzar los patrullajes y las tareas de prevención en el conurbano. El Operativo Centinela, que fue anunciado por la presidenta Cristina Fernández por la cadena nacional el 20 de diciembre, fue una de las primeras medidas que puso en práctica la nueva ministra de Seguridad, Nilda Garré. En total fueron movilizados unos 6.000 gendarmes a los partidos del Gran Buenos Aires para trabajar en forma conjunta con la Policía Bonaerense. Según explicaron las autoridades de Gendarmería, los operativos en el conurbano se focalizarán en “ la prevención, la disuasión y la presencia de efectivos para custodiar los sitios más conflictivos”. Pese a que la Secretaría de Transporte se había comprometido a reemplazar la salida de los gendarmes con más efectivos de las policías Federal y Bonaerense hasta ahora eso no se concretó. Ante los problemas que ya comenzaron a sufrir y los que podrían registrarse en el futuro, las concesionarias ferroviarias salieron a abrir el paraguas y reclamaron la urgente intervención del Gobierno para resolver el problema de seguridad que quedó planteado por el retiro de los gendarmes. Por medio de una serie de notas remitidas en las últimas semanas al titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi; las empresas Trenes de Buenos Aires (línea Mitre y Sarmiento), Ferrovías (Belgrano Norte), Metrovías (Urquiza) y la UGOFE (la operadora de los ferrocarriles Roca, San Martín y Belgrano Sur) advirtieron que la polémica medida perjudica tanto a los usuarios, como al propio Estado. Las operadoras de los trenes metropolitanos precisaron que “ es responsabilidad indelegable del Estado la provisión, distribución y programación de las fuerzas con poder de coerción que puedan brindar la seguridad necesaria a los pasajeros, los trabajadores y las instalaciones fijas y móviles del sistema ferroviario”. Las empresas señalaron que la situación planteada también genera perjuicios económicos porque en las estaciones ubicadas en la provincia de Buenos Aires los boleteros proceden a cerrar las ventanillas de expendio ante la ausencia de las fuerzas de seguridad. “Al no contar con el personal de Gendarmería que estaba afectado a los andenes, no se sólo se ha descuidado la seguridad de los usuarios, sino también la custodia de los bienes y las instalaciones que el Estado dio en concesión”, destacaron las concesionarias. Todas las compañías manifestaron su preocupación por las posibles usurpaciones que podrían registrarse en las playas operativas, talleres y depósitos que quedaron sin custodia tras la salida de los gendarmes. En el caso específico de la línea Mitre, los sitios que fueron identificados como “críticos” y que están al descubierto son los depósitos de Victoria y Suárez, la playa de maniobras San Martín y los predios existentes entre las estaciones San Fernando y Tigre.
Fuente : CLarin
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