La Justicia dictó el procesamiento de Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra

El titular de la Unión Ferroviaria (UF) y otras cuatro personas fueron procesados por presunto tráfico de influencias y pago de sobornos en la causa por el homicidio del militante del Partido Obrero. El titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y otras cuatro personas, entre ellas el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, fueron procesados hoy por presunto tráfico de influencias y pago de sobornos en su intento de mejorar su situación en la causa por el homicidio del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Fuentes judiciales informaron que el juez de instrucción Luis Rodríguez también procesó en este marco al agente de la Side, Juan José Riquelme, el ex secretario de Casación, Luis Ameghino Escobar, y el contador de la Unión Ferroviaria, Angel Luis Stafforini, también vicepresidente del Belgrano Cargas. En la causa estaban sindicados también como partícipes de la maniobra tres jueces de Casación, pero Rodríguez en una resolución de más de 140 hojas los desvinculó, al considerar que no hay pruebas concretas en su contra. “Se acreditó de modo fehaciente la vinculación entre los implicados con el inequívoco designio de torcer el destino que deparaba el trámite de las actuaciones individualizadas, tratando de lograr por entonces impunidad para Pedraza -u otros-, en el crimen que se estaba investigando”, dijo Rodríguez. La causa se inició el 12 de enero de 2011, a raíz de la extracción de testimonios de la investigación central por el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. En ese marco, se evidenció que Aráoz de Lamadrid, entonces abogado de uno de los acusados del crimen de Ferreyra, Armando Uño, ofició de nexo entre Pedraza y los jueces. También se demostró que el secretario judicial Escobar manipuló el sorteo para que la causa quedase radicada en la Sala III de Casación. En ese momento, la Sala III estaba integrada por Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell, el primero de ellos quien tenía un vínculo con Aráoz de Lamadrid, luego de que éste trabajara en su vocalía. Es por ello que la fiscalía imputó en base a escuchas telefónicas que “Aráoz de Lamadrid había solicitado o recibido dinero, o sido objeto del ofrecimiento de éste, para hacer valer indebidamente su supuesta influencia sobre el juez Riggi, con el objeto que fueran revocadas las denegatorias de las excarcelaciones de los imputados”. “Estoy convencido que desde un comienzo emprendieron la materialización de las maniobras urdidas, con el consabido designio de lograr la intervención de la Sala y el Juez aludidos para luego, a través del conocimiento preexistente de Araoz con él -situación que se repetía con el propio Escobar y hasta Riquelme-, influenciar o tratar de influenciar sobre su espíritu para encarrilar el asunto que harto comprometía a Pedraza, y probablemente a otros”, afirmó el magistrado. En cuanto a los jueces, y los casos de Mitchell y Gonzalez Palazzo, fueron desvinculados “porque más allá de las manifestaciones aisladas hechas por algunos interlocutores en las llamadas interceptadas, acerca de quién y cómo podría influir sobre el ánimo de ellos, no se aunaron concretamente evidencias que den sustento al extremo”. “Todo se reduce a supuestos encuentros que no fueron acreditados, y a la permanencia de aquéllos durante el receso estival de 2011”, aseguró el juez sobre los casos de Mitchell, quien renunció a su cargo por este hecho; y de González Palazzo quien dejó de subrogar su cargo en Casación y volvió a su puesto original en la Cámara del Crimen. “No se observa nada distinto en relación al Juez Riggi, pues, más allá de haber tenido durante años como colaboradores a los imputados Araoz de Lamadrid y Escobar en su vocalía, no existen en el legajo elementos objetivos que acrediten su vinculación con los hechos”, agregó Rodríguez. La causa estaba paralizada a raíz de varios planteos de nulidad, recusaciones y pedidos de incompetencia planteado por los acusados, y el fallo sale en momentos en que Pedraza es enjuiciado junto con otras 9 personas por el crimen de Mariano Ferreyra, ocurrido en octubre de 2010.

Fuente : La Capital