La Aduana secuestró trenes que el Gobierno importó de España

Son los últimos llegados al país. Es por la falta de pago de un impuesto. Las compras de equipos ferroviarios usados a España no paran de generarle problemas al Gobierno. Primero fueron los mails recuperados de Manuel Vázquez los que pusieron al descubierto los negociados y la comisiones que se cobraron en las importaciones de trenes y locomotoras durante la gestión de Ricardo Jaime. Ahora, la encargada de poner sobre el tapete una nueva irregularidad que afecta a la reciente compra de formaciones ferroviarias es la Aduana Nacional. Pese a que llegaron listos para rodar, los últimos trenes españoles no se pueden mover de los talleres de Escalada por una medida de las autoridades aduaneras. Se trata seis locomotoras de la serie 319 y dos trenes Talgo IV de nueve coches cada uno que fueron adquiridos por el titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi y que, en principio, se destinarán a reforzar los servicios a Mar del Plata. No bien arribaron al puerto de Dock Sud, la Aduana dictó el 24 de noviembre un “acta de interdicción” sobre los equipos ferroviarios que establece que no se pueden usar hasta tanto se completen los trámites de nacionalización. Tras comprobar que estaba vencida la norma de exención impositiva para esta clase de bienes, los funcionarios aduaneros le reclamaron a Transporte el pago de los impuestos de importación. En ese momento, las autoridades de Transporte se dieron cuenta de que se habían olvidado de prorrogar de la vigencia de los decretos 545/2006 y 1479/2008 que otorgaban los beneficios de importar trenes usados sin impuestos. Para salir del paso, Schiavi c omenzó a tramitar un nuevo decreto para que la presidenta Cristina Kirchner exima del pago de gravámenes a las últimas compras de locomotoras, coches y repuestos. Para asegurarse que no serán utilizados mientras avanza el decreto, la Aduana decidió que los trenes deberán permanecer con custodia de la Prefectura Naval. Los equipos que quedaron inmovilizados forman parte del contrato de compra por casi $ 90 millones que suscribieron hace dos meses Schiavi y el titular de la ferroviaria española Renfe, Teófilo Serrano Beltrán. En total, el “paquete” adquirido contempla seis trenes de pasajeros Talgo IV y seis locomotoras diesel-eléctricas Los cuatro Talgo que faltan deben llegar en los primeros meses de 2011. Al igual que la anterior compra de locomotoras y trenes que en su gran mayoría nunca llegaron a funcionar, la última importación no está exenta de polémicas. Uno de los cláusulas contractuales que más cuestionamientos ha generado en el sector es la que establece que el “ mantenimiento y la asistencia técnica ” de los trenes quedará a cargo de Renfe. A diferencia de la anterior compra que hizo Jaime de locomotoras y coches que iban a ser arreglados acá y que por falta de planificación y recursos quedaron abandonados, en esta ocasión el Gobierno decidió traer los trenes reparados y listos para circular. Pero lo que genera dudas es que se haya dejado pendiente para otra negociación el monto que cobrará Renfe por el mantenimiento y la provisión de repuestos. El otro aspecto que plantea suspicacias es la intención de Schiavi de dejar de lado a Ferrobaires —la empresa bonaerense que tiene la el ramal a Mar del Plata y corre los trenes desde 1993— y contratar a la privada Ferrocentral para la operación de los trenes Talgo. Para avanzar con la “privatización” de los Talgo, Schiavi le solicitó a la provincia que restituya la concesión de las vías a la Nación . El pedido fue rechazado por el titular de la Agencia Provincial del Transporte, Bartolomé Barreto, quien propuso establecer un “esquema conjunto” de operación. Pedido de informes. El senador Gerardo Morales solicitó al Gobierno que explicite si existe o no un Plan Ferroviario Integral Nacional. “¿Cómo se justifica los 11.755 millones de dólares en inversiones, sin presentar un plan determinado y público de reactivación y modernización ferroviaria?”, preguntó el legislador en la presentación de un pedido de acceso a la información pública, según el Decreto 1172/03, ayer. Los senadores de la UCR suponen que ese plan no existe. “El Gobierno debería admitirlo, y consecuentemente, admitir que la compra de las máquinas y vagones, al no estar inscriptas en un plan integral, no tiene lógica”, dicen. Suponen que “este es uno de los bolsones de corrupción más importantes”.



Fuente : Clarin