Se activa el crédito del Tren Bala pero el Gobierno duda de tomarlo

El canje de deuda y el mejor clima financiero dejaron al país en condiciones de tomar financiamiento del Natixis. Las empresas quieren hacer el proyecto o cobrar. Cuatro años después de su lanzamiento, el proyecto para construir un tren de alta velocidad que una las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba sumó un nuevo capítulo a su polémica. La combinación entre el canje de deuda en default de la Argentina y la mejora en el clima financiero internacional dejaron al país en condiciones de tomar un crédito multimillonario con el banco francés Natixis, encargado de financiar la obra, algo que no había sucedido con tanta claridad hasta ahora. Sin embargo, ese premio esconde una penitencia: si no toma el financiamiento acordado, el consorcio ganador de la obra podría pedir la rescisión del contrato, por lo que el Estado debería pagar más de u$s 500 millones. La semana pasada, los credit default swaps (CDS, por sus siglas de inglés) a 10 años de la Argentina tuvieron una baja sensible. De acuerdo con el contrato que firmó el Gobierno con el consorcio Veloxia –liderado por la francesa Alstom y con la participación de la española Isolux y las argentinas Iecsa y Emepa–, si esos certificados (son seguros de deuda contra una eventual cesación de pagos) se ubican por encima de los 800 puntos básicos, como ocurrió desde la firma del contrato, el Estado no tiene la obligación de tomar el financiamiento. En cambio, si caen por debajo de esa línea de forma sostenida, el Gobierno “está obligado” a aceptar el crédito del Natixis, de acuerdo con la lectura que hacen en el consorcio ganador, según relató uno de sus integrantes a El Cronista. Así quedó establecido en una de las últimas resoluciones que firmó el ex ministro de Economía, Martín Lousteau. Desde el canje de deuda, los CDS tuvieron una fuerte caída: comenzaron el año en 822 puntos básicos y llegaron a los 1.149 en junio, pero cerraron el viernes en 755 y desde el 22 de junio está por debajo de los 800. Es la primera vez que eso ocurre por un tiempo prolongado desde la firma del convenio por parte de la presidenta Cristina Fernández. Algunas de las cabezas del consorcio tomaron nota de la mejora. “Por encima de los 800 puntos básicos el costo del financiamiento ronda un 17% anual en dólares, pero por debajo se ubica debajo de 10 por ciento. Si no toman el financiamiento muy barato que les estamos ofreciendo, es causal automático para que el consorcio pida la rescisión del contrato, que implica una compensación de un 15% del monto total”, explicó una alta fuente vinculada con el proyecto, en estricta reserva. Ese número supera los u$s 500 millones. Dudas oficiales. En el Gobierno aún no tienen claro qué hacer con el tren de alta prestación, como lo llaman los técnicos. Fue anunciado con bombos y platillos por el ex presidente Néstor Kirchner el 26 de abril de 2006 y en abril de 2008, la presidenta Cristina Fernández f irmó el contrato con Veloxia. La iniciativa recibió críticas desde el principio, debido a que implica un desembolso de u$s 3.800 millones que, según sus detractores, debería destinarse a remodelar el resto del sistema. Pero en la primera parte de su administración la Presidenta lo defendió como una de las banderas de la modernización. Hoy, en cambio, le genera un dolor de cabeza. No sólo por la polémica que lo rodea, sino también porque las cuentas públicas cambiaron y está identificado con el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con varias causas en contra en la Justicia. Allegados a su sucesor, Juan Pablo Schiavi, explicaron que la iniciativa no figura entre las prioridades del funcionario. “La Argentina perdió 3% del superávit fiscal; la aceptación del Gobierno cayó del 70% al 40% y la reforma financiara que proclama Obama limita la compra de CDS”, explica Ramiro Castiñeira, de Econométrica, que siguió de cerca el tema. Aun así, el Gobierno no dejó caer la iniciativa. En varias oportunidades le pidió al consorcio que la mantuviera a flote. La última vez ocurrió hace un mes. Las empresas que forman el consorcio querían dejar de renovar las garantías de ejecución del contrato, que les cuesta a razón de un millón de pesos. “Queríamos ponerle un punto final, pero nos dijeron que las mantuviéramos porque Kirchner todavía quiere hacer el proyecto”, relato uno de los empresarios.

Fuente : el cronista.com